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El Gobierno tiene previsto aumentar en 2016 la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales desde distintos frentes, según se desprende de la información recopilada en los Presupuestos Generales del Estado. Así, la Agencia Tributaria prevé realizar 6.600 “actuaciones de control selectivo” más que las previstas para este año. En cuanto a “las actuaciones de control extensivo”, aumentarían en casi 265.000. En principio, la plantilla del Fisco no subiría. No así el de otras unidades de control, como es el caso del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac). La unidad de inteligencia financiera recibirá en 2016 un espaldarazo considerable, con la incorporación de 25 técnicos del Banco de España, especializados en la prevención del blanqueo de capitales.
Después de casos sonados como el de Banco Madrid o el de Rodrigo Rato, la lucha contra estos delitos contará con un 25,1% más de presupuesto de gasto que en 2015, sobre todo por el incremento del 34,7% en los servicios que presta el Banco de España.
De este modo, se quiere incrementar tanto la prevención, como la persecución del delito cometido. Y se aumentará el combate de los grandes defraudadores que practican las tramas complejas y el vaciamiento de patrimonio. La Administración Tributaria quiere prohibir el uso de bienes embargados por deudas. El número de técnicos del Banco de España dedicados a prevenir el blanqueo crecerá un 46%. Así se recoge en el Programa del sistema tributario recogido en los Presupuestos Generales del Estado de 2016.
Precisamente, en plena polémica sobre el caso Rato o el caso Bárcenas las presuntas estrategias de los imputados de vaciar su patrimonio poniéndolo a nombre de familiares o su colocación en el extranjero, Hacienda sostiene que ¿las medidas cautelares se están revelando en los últimos años como un instrumento muy eficaz en la lucha contra el vaciamiento patrimonial”.

Con especial significación en asegurar “la recuperación de las cuotas defraudadas y el combate de la utilización de los aplazamientos con fines fraudulentos”.
En la lucha contra el gran fraude, Hacienda también se propone ¿potenciar los acuerdos de prohibición de disponer de los bienes inmuebles de las entidades objeto de embargo, con la finalidad de combatir la despatrimonialización de sociedades”.
En definitiva, la Administración Tributaria se plantea hacer el próximo año 669.773 actuaciones de “control selectivo e investigación”, lo que suponen 6.600 más que en 2015. Esto significa la investigación de las formas “más graves y complejas” del fraude.
También habrá 7.928.257 actuaciones de ¿control extensivo”, 265.000 más que la cifra prevista inicialmente para este año. El control extensivo tiene, entre otros fines, el análisis exhaustivo de las solicitudes de devolución que planteen los contribuyentes, ¿con especial atención al control de las devoluciones del IVA solicitadas por contribuyentes inmersos en tramas de fraude relacionadas con operaciones intracomunitarias”.

La Administración Tributaria también se propone “controlar el correcto cumplimiento de la normativa de retenciones”. En consecuencia que los datos que proporcionan las retenciones ingresadas son coherentes con la información que proporcionan ¿los retenedores/las empresas”. Quiere conseguir un efecto sobre el contribuyente, ¿tanto directo como inducido”, de que sus declaraciones tributarias ¿son sometidas a procesos de verificación y control por parte de la Agencia Tributaria”.
La Agencia Tributaria también proyecta para el próximo año “prestar especial atención al censo de empresarios, profesionales y arrendadores de locales de negocios”. Este objetivo está relacionado con el seguimiento minucioso de ¿los incumplimientos de la obligación de presentación de declaraciones mensuales o trimestrales, como autoliquidaciones del IVA o los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto de Sociedades o el de la Renta.

El Gobierno ha abierto la puerta en los Presupuestos para que, en la próxima legislatura, el Parlamento se plantee una reforma de la financiación de las pensiones. Según la disposición adicional sexagésima quinta de la ley, hay un mandato al próximo Ejecutivo para estudiar dos cosas: la primera es que las prestaciones no contributivas sigan siendo financiadas por impuestos o por un impuesto determinado. Siempre que lo permitan los objetivos de estabilidad presupuestaria. En relación con este punto, la segunda cuestión que debe estudiar el próximo Gobierno, sea del color que sea, es qué nuevas pensiones deben considerarse no contributivas o asistenciales. Es decir, que no deben financiar las cotizaciones sociales. Hace mucho tiempo que el propio Parlamento, la patronal, los sindicatos y los expertos plantean que habría que estudiar esta posibilidad con las pensiones de viudedad y orfandad.

La reindustrialización mantiene el gasto

Aunque el Ministerio de Industria, Energía y Turismo defiende que el presupuesto para Reconversión y Reindustrialización ha subido un 60,37% en el último año (lo que supone un incremento de 317 millones de euros), lo cierto es que esta cifra se obtiene también de la reubicación de otras partidas que antes se encuadraban en Desarrollo Industrial (que pierde 312 millones). Con el panorama completo, el efecto es prácticamente neutro. Además, desde distintas patronales se critica que sólo las ayudas a los astilleros copan una décima parte de todo este presupuesto. Así, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo pierde un 10,6% de su presupuesto, por los menores costes del sistema eléctrico y del Plan Crece y el fin de la ‘reantenización’. Por ello, Luis Fabián Márquez, de Analistas de Relaciones Industriales, critica que ¿se haya perdido la oportunidad de apostar por el sector después de presentar un Plan de Reindustrialización el año pasado”.
Los Presupuestos albergan también un impulso a la lucha contra el blanqueo de capitales. En 2016 van a incorporarse al Sepblac 25 nuevos funcionarios del Banco de España, especializados en inteligencia financiera. Serán 20 expertos y técnicos en prevención de blanqueo de capi-
de actuaciones de “control extensivo” sobre los contribuyentes. Entre otras cosas, este proyecto significa el control del ¿correcto cumplimiento de las retenciones” en el I RPF o de las devoluciones del Impuesto sobre el Valor Añadido. También se trata de controlar de forma exhaustiva las rentas que proceden del extranjero.
El Ejecutivo ha decidido reforzar a la unidad de inteligencia financiera, el Sepblac, que previene e investiga los delitos de blanqueo de capitales. A través del Banco de España se aumentará la plantilla del Sepblac, con la incorporación de un 46% más de expertos y técnicos en la materia.
tales y cinco personas de apoyo técnico, según fuentes del organismo que capitanea Luis María Linde. Se unirán a los inspectores, asesores jurídicos y técnicos del Banco de España que ya operan en el Sepblac, aumentando así un 46% este cuerpo de especialistas, en un momento de grandes casos de corrupción financiera y después de que el Sepblac se situara en el ojo del huracán por su informe favorable a la compra por parte de BPA de Banco Madrid, que también contó con la bendición del Banco de España.
Más gasto directo en I+D y menos créditos en los Presupuestos Generales del Estado para 2016, y queda en 6406 millones de euros. Esto es, un avance de 23 millones, el 0,36% en términos relativos. Sin embargo, hay una gran diferencia en la composición de estas partidas: los gastos directos (no financieros) aumentan en 269 millones de euros mientras que los créditos disminuyen en 246 millones. Desde distintas organizaciones se había criticado que buena parte de los gastos presupuestados como créditos no se acababan concediendo, lo que rebajaba la inversión final en I+D. Además, el gasto civil sube en 118 millones de euros, por un retroceso de 95 millones en la I+D militar. Con todo, el presupuesto total acumulaba un fuerte retroceso en los años previos y se mantiene a niveles del año 2005. Por ministerios, Fomento es el más premiado, ya que triplica sus recursos, hasta los 960 millones de euros.

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